La reclamación de deudas es uno de los servicos que más está creciendo en los ultimos años, tanto entre particulares como entre empresarios.

Este aumento de las reclamaciones por impagos se debe principalmente a la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ley que facilita los trámites en la persecución de la morosidad.

Para el cobro de deudas por un importe inferior a 30.000 euros, y siempre que estén debidamente documentadas, la Ley establece un procedimiento de reclamación que no precisa, en primera instancia, de acudir a ningún juicio ordinario.

Los documentos que avalen la deuda pueden ser facturas, albaranes de entrega, certificaciones, etc., y, en general, lo son todos aquéllos que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, marca o con cualquier otra señal, física o electrónica.

En el caso de cobro de morosos deudores de las Comunidades de Propietarios, el impago se acreditará mediante certificación emitida por el Administrador del acuerdo de la Junta de la Comunidad de Propietarios respectiva, en la que se apruebe la liquidación de la deuda, acreditándose también la notificación previa de dicho acuerdo al propietario deudor.

La práctica demuestra que se ha encontrado una buena vía para la persecución de la morosidad. Según datos de Consejo General del Poder Judicial, por este procedimiento se está logrando un elevado éxito de recuperación (45%) y de ejecución y embargo (39%). Estamos hablando de un 84% de respuesta positiva.

Así que si le deben dinero y la razón está de su parte, haría bien en poner su caso en manos de Francisca.